Del probable contenido de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho Mario Costeja: “Lo esperaba, es luchar contra Dios”. Es una expresión poco afortunada, aunque Google sea colosal y él, el denunciante que ha llevado a altas instancias los que cree sus derechos vulnerados por el buscador, un ciudadano valiente y tenaz embarcado en una tarea hercúlea.
Creo desafortunada la expresión porque parece querer transmitir que Google, en función de su enorme poder financiero y político, obtendría siempre una sentencia favorable, al margen o por encima de los propios fundamentos jurídicos relativos a lo que se conoce como “derecho al olvido”. Y no es así. Ni Google es una empresa malvada de Gotham City ni el alto tribunal europeo se pliega a sus deseos, sino que interpreta y juzga de acuerdo al marco legal vigente, que es lo que debe hacer tras escuchar los argumentos de las partes. Según algunos especialistas, es internet lo que no cabe en las actuales leyes. Y si esto lo evidencia (una vez mas) el proceso impulsado por Mario Costeja, su osadía no habrá sido vana, ni Google estará plenamente tranquila.
Llamamos derecho al olvido a algo que en realidad afecta a la memoria y sus límites. Google no es una gran hemeroteca, sino una potente puerta de acceso a las pequeñas y grandes hemerotecas, que guardan y conservan toda la memoria posible precisamente para que se pueda conocer. A nadie se le ocurriría visitar un diario y pedir que se eliminen o tachen los ejemplares en los que se relata la comisión de un delito ya purgado. La diferencia es que ahora no debemos ir a la biblioteca a leer un viejo número de un periódico ni debemos enfrascarnos semanas o meses buscando un nombre o un dato, o deambulando de un archivo a otro, sino que tenemos la entrada a la inmensa hemeroteca en nuestro ordenador y Google (u otros buscadores) tarda milésimas de segundo en encontrar lo que antes necesitaba de mucho tiempo: el mismo principio de acceso a la información que acompaña a la humanidad desde los inicios de la escritura y nuestra vieja cultura analógica, pero facilitado y mejorado y multiplicado por una tecnología magnífica y clave en el momento actual de la era digital.
¿En qué lugar y espacio del proceso de indexación y/o tratamiento de la información debe situarse el equilibrio entre privacidad, memoria, reputación y otros posibles valores y derechos ciudadanos potencialmente agredidos? Un proceso contra Google no puede demonizar un progreso tecnológico: Google no genera contenidos, sino que facilita el acceso a los que otros crean o crearon, sean falsos o veraces. Ni inventa los delitos ni la maledicencia ni los multiplica, sólo los pone en un plano de visibilidad extrema, y ahí surge el problema: al hacerlo, se convierte en una tecnología con un gran potencial nocivo. Tomando del mundo analógico lo que interesa a su visión, la abogada especialista Paloma Llaneza dice: “Si los antecedentes penales se borran y no son universalmente accesibles, no se entiende que se someta a pena de buscador a tanta gente”. La cursiva es mía. Es un concepto novedoso, pues antes no se hablaba de “pena de hemeroteca”, pero no estoy haciendo un chiste: el mundo digital genera nuevas realidades, precisa nuevos conceptos para expresarlas y necesita nuevos marcos legales.
En las mismas fechas en que se habla de derecho al olvido, los editores de centenares de diarios protagonizan un movimiento nítidamente enfrentado a los intereses de Google y que compromete por completo a la Unión Europea. Hubert Burda, de los editores alemanes, dice: “Un requisito esencial y previo es que Google aplique en su algoritmo de búsquedas criterios iguales para todos, justos y no discriminatorios”. Bien cierto. Tampoco en este caso Google debe estar tranquila: sus algoritmos de búsqueda son privados y secretos, y los resultados que nos ofrece varían por ejemplo en función de si una marca paga o no al buscador para estar indexada en un lugar mejor que otra. Uno de los grandes actores de la economía actual funciona en modo desconocido, con potenciales márgenes de incidencia sobre las economías y mercados de sectores y países enteros. Es sencillamente ilógico, cuando la transparencia de los instrumentos y agentes es precisamente una de las características clave en la fiabilidad de un sistema económico avanzado. Pero la fracción creciente de la economía que pasa por Google, a cualquier escala, no sabe por dónde pasa exactamente, sólo sabe que tiene que pasar. Este no es un problema que relacione a Google con el pasado y su significado jurídico y cultural, sino con el rabioso presente y con el futuro del buscador en una sociedad cada vez mas formada, activa e inquieta, y también mas expuesta al impacto de riesgos y amenazas frente a los cuales apenas goza de experiencia previa y tejido legal.
El caso de Mario Costeja viene a sumarse a una inquietud creciente y de alto calado político. Google no puede estar tranquila, aunque pueda estar coyunturalmente satisfecha. Conocer cómo funciona el gran buscador es imprescindible en términos económicos y exigible en términos de solidez democrática, y creo que las instituciones europeas deben encarar decididamente cómo acotar a un gigante empresarial maravilloso y brillante, pero voraz y oportunista, y cooperador con el poder sea de la naturaleza que sea. El “derecho al olvido”, territorio para solaz de juristas y comunicólogos, no es sino una sensible pieza mas de un reto muy complejo: cómo lograr que Google evolucione y enriquezca, sí, pero de acuerdo a unas reglas conocidas y aceptadas por los poderes democráticos.
Publicado en El Correo y El Diario Vasco, 28 de junio de 2013
©Joseba Lopezortega Aguirre, Bilbao, 2013 – http://wp.me/Pn6PL-3p
